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Denuncian ante la ONU el “acoso judicial” contra periodistas en Argentina

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció “el creciente acoso judicial” contra periodistas independientes que se registra actualmente en la Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La denuncia empezó con el primer paso que se llama formalmente reporte ante el llamado Examen Periódico Universal (EPU) de ese organismo internacional.

El EPU es un proceso especial de revisión de los derechos humanos al que se someten todos los estados miembro de las Naciones Unidas cada cuatro años y medio. Este año es particular porque Argentina preside el Consejo de DD. HH. de la ONU.

En este mecanismo, las organizaciones de la sociedad civil como FOPEA tienen la posibilidad de efectuar presentaciones y de hacer recomendaciones o sugerencias al Estado examinado para mejorar la situación de derechos humanos en el país.

FOPEA, que agrupa a más de 600 periodistas de todo el país, hizo una selección de todos los registros de crecientes ataques a periodistas de todo tipo de su monitoreo de Libertad de Expresión y presentó como casos testigos los hechos de persecución judicial a los que han sido sometidos los colegas Daniel Santoro (CABA), Daniel Enz (Entre Ríos) e Irene Benito (Tucumán).

En esos tres casos, fue el Estado -a través de sus distintos estamentos- que promovió denuncias penales contra periodistas.

En el caso de Santoro comenzó con el Operativo Puf que llevó una causa en contra de una de sus fuentes al entonces juez federal Alejo Ramos Padilla. Este luego pidió sus llamadas telefónicas, procesó, embargó y prohibió salir del país por espionaje ilegal y cómplice de extorsión. Sin embargo, todos estos procesamientos que fueron anulados por la Cámara Federal de Mar del Plata.

No obstante, luego el titular de la UIF y cercano a Máximo Kirchner, Juan Carlos Otero apeló esas anulaciones de procesamientos pese a que Santoro jamás fue denunciado por lavado de dinero, en una intervención directa del gobierno en una causa penal.

FOPEA relató “el creciente hostigamiento contra el periodismo y elaboró una serie de recomendaciones que van desde legislaciones anti slapp hasta veedorías externas en las causas judiciales que involucren a periodistas”.

El 14 de julio había vencido el plazo para la presentación de los informes de aquellas organizaciones de la sociedad civil interesadas y a partir de ahora se abre una ventana que finalizará en enero de 2023, cuando Argentina, junto a otros 13 países, se someta a revisión.

En este tiempo, el Gobierno debe presentar su informe y, probablemente en diciembre, se efectúen las pre-sesiones en las que cada parte debe fundamentar sus planteos.

Los EPU, dijo la entidad que preside Paula Moreno, “son una oportunidad única para generar nuevos compromisos estatales en defensa de la libertad de expresión, el secreto profesional periodístico, entre otras leyes que protegen a periodistas y exponer así ante los ojos del mundo la situación del Estado de derecho en Argentina”.

En esta ocasión FOPEA se pudo presentar gracias a la continuidad del Monitoreo de Libertad de Expresión que registra desde el 2003 todo tipo de ataques a periodistas y pasó a hacer una referencia internacional.

Esta presentación comenzó a ser analizar en la última reunión de Voces del Sur, donde asistió el vicepresidente de la entidad, Claudio Jacquelin, y continuó con diferentes gestiones desarrolladas en la Conferencia Global de Libertad de Expresión. Fernando Stanich, integrante de nuestra Comisión Directiva, quien en línea con los colegas involucrados en los distintos casos y con el asesoramiento legal necesario, pudo armar la presentación en los plazos previstos.

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