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Ordenan pago a fondos buitre y los pedidos de embargo ya suman casi US$ 1.000 millones

La Justicia de EE.UU ordenó cancelar US$ 138 millones y embargó activos argentinos en ese país. Es por la deuda en default desde 2001.

La sombra de los fondos buitre volvió a sobrevolar en las últimas horas sobre la Argentina. En tres fallos diferentes emitidos este lunes, la Justicia de EE.UU ordenó el pago a bonistas con fondos que el Estado tiene depositados en la Reserva Federal (FED), embargó activos argentinos y se conoció que un grupo de fondos busca embargar recursos del Banco Central.

De esa manera, la jueza del tribunal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, se mostró activa en los reclamos por la deuda que entró en default desde 2001 a partir de la cesación de pagos declarada por Adolfo Rodríguez Saá. Se trata de fondos que rechazaron los canjes de reestructuración en 2005 y 2010 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Por la noche, Prezka ordenó abonar a Bybrook, Hazelton y White Hawthorn la suma de US$ 138 millones, según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors. Los fondos vienen litigando hace rato y son los mismos que en 2019 presentaron demandas por considerar que Argentina alteró estadísticas sobre el nivel de actividad durante 2013 para evitar el pago de un bono atado al PBI.

La otra novedad fue el embargo ordenado por Preska de activos argentinos en Nueva York por US$ 96 millones de un total de US$ 300 millones depositados en la FED. Dentro del proceso de litigio, el embargo es una etapa posterior a la orden de pago. Como la Argentina apela los reclamos y no paga, en este caso el fondo Bainbridge avanzó con el pedido de embargo, que le fue concedido.

Bainbridge pidió embargar el año pasado un edificio argentino en Washington y ahora apunta a los fondos argentinos en la Reserva Federal de Nueva York. Allí está depositada la garantía colateral por la emisión de bonos Brady, un plan para reestructurar la deuda de los países latinoamericanos con bancos comerciales tras la crisis de los ´80.

En 1992, la Argentina emitió US$ 30.000 millones de dólares a 30 años, que luego fueron reestructurados. El nombre de los bonos fue por Nicholas Brady, un broker devenido en secretario del Tesoro de los EE.UU y el encargado de ejecutar del plan que terminó en la mayoría de casos con un fuerte endeudamiento, si bien le permitió a la Argentina refinanciarse.

“Cuando Argentina emitió bonos Brady, para garantizar su pago los bonos tenían como colateral los bonos del Tesoro de EEUU. Argentina reestructuró el 99,99% y quedaron US$ 70 millones en circulación, que vencen el 31 de marzo, y el colateral de esos bonos se fue apreciando hasta alcanzar los US$ 300 millones”, explicó Maril.

Por útimo, cinco fondos buscan cobrar US$ 400 millones en sentencias firmes mediante embargos aprobados por Preska. La novedad en este caso es que el lunes se conoció que los activos pertenecen al Banco Central, algo que hasta ahora era confidencial. Entre los fondos, despunta Attestor Master Value, con sede en las Islas Caimán.

La sucesora del juez Thomas Griesa autorizó el embargo en 2021 tras el pedido del abogado Dennis Hranitzky, quien ya participó en otro litigio contra el estado argentino, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en 2012. Argentina lo apeló, pero Attestor mantiene la disputa por activos argentinos con Bainbridge.

Con los últimos fallos y los embargos en proceso, Argentina ya enfrenta reclamos de congelamiento de activos por US$ 980 millones, que incluyen la expropiación de Aerolíneas Argentinas, las reestructuraciones del 2005 y 2010, reclamos de multinacionales ante el CIADI y demandas ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, según cálculos de Latam Advisors

Por otra parte, Prezka también debe definir el destino del juicio por la expropiación de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Argentina ya pagó US$ 5.000 en bonos a Repsol, pero en 2015 se inició un litigio por otros accionistas perjudicados. “El juicio puede ir desde US$ 100 millones a US$ 19.350 millones, todo depende si hay acuerdo o no”, afirmó Maril.

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