El Gobierno avanza con la idea de desenganchar la actualización del Potenciar de la suba del salario mínimo. Los movimientos sociales resisten. Reuniones clave la próxima semana.
Mientras las organizaciones piqueteras de izquierda escalaron en sus protestas para exigir al Gobierno el aumento de los fondos destinados a planes sociales, la próxima semana se abrirá una dura discusión por la actualización del monto del denominado salario social complementario que cobran los más de 1,2 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Esa pulseada tendrá lugar en medio de la estrategia alentada por la Casa Rosada para desenganchar la suba del Potenciar del aumento del salario mínimo, vital y móvil que negocia periódicamente con las centrales sindicales y cámaras empresarias, un planteo que es resistido tanto desde las organizaciones sociales oficialistas como opositoras, que denuncian que se trata de una maniobra para “ajustar” el presupuesto de la asistencia social.
Hasta ahora y por ley el incremento del salario social complementario estaba atado automáticamente al valor del salario mínimo y equivale a la mitad de ese haber. Actualmente el beneficio asciende a $ 34.750.
Pero el año pasado el Gobierno avanzó en la creación del llamado Consejo de la Economía Popular y en noviembre reglamentó su constitución con la facultad de determinar en adelante el monto del beneficio del Potenciar, que reciben más de 1,2 millones de personas.
El nuevo organismo, sin embargo, nunca llegó a conformarse formalmente y, por lo tanto, tampoco cumplió con las atribuciones para las que fue creado.
En ese marco, este lunes el Ejecutivo comunicó oficialmente la convocatoria para el próximo martes 21 de marzo al Consejo del Salario con el propósito de discutir con representantes sindicales y empresarios una nueva suba del salario mínimo y el valor de las prestaciones por desempleo.
Y, en paralelo, fijó para el jueves 23 la primera reunión formal del Consejo de la Economía Popular, según confió a Clarín Daniel Menéndez, referente de la organización Somos Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.
Pulseada por la definición de los aumentos
La situación abrió una fuerte polémica acerca de cuál será el ámbito que defina finalmente el aumento del monto del Potenciar. Al respecto, desde el Ministerio de Trabajo, que conduce Kelly Olmos, indicaron que “no habría cambios en el corto plazo” y que, por lo tanto, se mantendría el esquema actual por el cual la suba del salario mínimo actualiza en forma automática el beneficio de ese plan social. Según la interpretación de la cartera laboral, haría falta alguna normativa adicional que desenganche ambos esquemas.
Similar posición comparten en el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Victoria Tolosa Paz.
Pero dentro del Gobierno esa opinión no es unánime: en varios despachos oficiales insisten en que el aumento del Potenciar debe definirse en el marco del Consejo de la Economía Popular, que es el organismo específico creado para ese propósito, y remarcan la necesidad de desacoplar ese beneficio de la discusión del salario mínimo. “La CGT y los empresarios no quieren seguir discutiendo más el valor de los planes”, advierten al respecto.
Los movimientos sociales de una y otra vereda rechazan la alternativa de un desacople. “Si hacen eso va a haber más problemas“, aseguró Menéndez. Y remarcó que la representación de las organizaciones en el Consejo de la Economía Popular (los tres representantes responden a la UTEP, la única entidad homologada por las autoridades) pretende que ese organismo ratifique que el monto del Potenciar se mantendrá en en el equivalente al 50% del valor del sueldo mínimo.
En tanto, en medio de la protesta de este lunes frente a Desarrollo Social, Silvia Saravia, del opositor Barrios de Pie, advirtió ante este diario sobre el propósito del Gobierno de poner en marcha un nuevo ajuste sobre los planes sociales. “Alguna maniobra van a buscar para desengancharlos, pero lo vamos a rechazar”, sostuvo la dirigente social al tiempo que anticipó que junto al resto de las organizaciones sociales de izquierda reclamarán por una suba del salario mínimo que garantice el costo de la canasta básica.
La última suba del salario mínimo se fijó en noviembre pasado cuando el Gobierno, organizaciones sindicales y empresarios acordaron un incremento adicional de 20% en cuatro tramos mensuales consecutivos para alcanzar desde el 1° de marzo los 69.500 pesos.
Con ese aumento (el tercero durante 2022) el piso salarial acumuló en forma interanual un incremento de 110,5%, en línea con el promedio de los aumentos definidos en la última ronda de paritarias.